El huachicol fiscal persiste como reto tras cambios en reglas energéticas

El esquema de apertura energética implementado en 2013 facilitó irregularidades en la importación de hidrocarburos, permitiendo que actores privados introdujeran combustibles al país bajo clasificaciones erróneas. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, las autoridades federales identificaron redes de evasión fiscal que operaban simulando la entrada de aditivos y otros productos químicos, los cuales en realidad eran gasolinas y diésel, eludiendo así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esta práctica, conocida como huachicol fiscal, ha provocado una merma significativa en los ingresos del erario público. La SHCP y el SAT han señalado que la flexibilidad en los permisos de importación otorgados durante administraciones previas permitió la proliferación de estas maniobras, complicando el control y la fiscalización en las aduanas y terminales de almacenamiento privado ubicadas en diversos puntos estratégicos del territorio nacional.

El combate a este fenómeno ha requerido una coordinación estrecha entre la SENER, PEMEX y las fuerzas de seguridad federales. En los últimos años, la estrategia se ha centrado en endurecer la vigilancia en los puntos de entrada y en la revisión exhaustiva de los permisos de importación, con el fin de corregir las distorsiones que permitieron la entrada de productos petrolíferos sin el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Representantes de la actual administración federal han insistido en que la soberanía energética debe ir acompañada de una fiscalización rigurosa para evitar que la competencia en el sector se base en prácticas ilícitas. Las propuestas de reforma y ajuste a la normativa vigente buscan cerrar los espacios de opacidad que aún persisten, garantizando que todos los actores del mercado petrolero aporten lo correspondiente al fisco mexicano.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la complejidad de las cadenas de suministro y la logística de distribución de combustibles representan un desafío continuo para las autoridades. La batalla contra la evasión fiscal en el sector energético sigue siendo una prioridad para fortalecer los ingresos públicos y asegurar un piso parejo para los participantes en el mercado de hidrocarburos.