domingo, 23 de agosto de 2026
Alcance
México

Exdirector de la DEA demanda acción judicial contra el gobernador Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, instó públicamente al secretario Omar García Harfuch a facilitar la rendición de cuentas del gobernador de Sinaloa ante la justicia estadounidense.

Redacción Alcance
Foto: aristeguinoticias.com

Derek Maltz, quien ocupó la dirección interina de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, emitió este domingo un pronunciamiento directo dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch. El exfuncionario estadounidense sostuvo que el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe rendir cuentas ante las autoridades judiciales de su país para enfrentar los señalamientos que pesan en su contra por presuntos vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

La petición de Maltz ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre la administración estatal sinaloense tras diversas investigaciones iniciadas por agencias de seguridad estadounidenses. El exdirectivo de la DEA enfatizó que la colaboración entre ambos países es fundamental para proceder legalmente contra figuras políticas que, según su postura, han evadido la justicia durante su gestión al frente del Ejecutivo estatal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha mantenido una postura institucional respecto a la cooperación en materia de seguridad fronteriza y el intercambio de información con las agencias de inteligencia extranjeras. Hasta el momento, el gobierno federal mexicano no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud específica realizada por el exfuncionario estadounidense respecto al estatus jurídico del mandatario sinaloense.

La controversia pone nuevamente sobre la mesa la complejidad de la relación bilateral en temas de seguridad y extradiciones. Expertos en el ámbito político advierten que cualquier acción de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso requeriría un proceso de investigación exhaustivo y el estricto apego a los tratados internacionales vigentes entre México y Estados Unidos, evitando cualquier injerencia externa que comprometa la soberanía nacional.

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