Prisión domiciliaria no modifica proceso penal contra Ernesto Ruffo: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado este domingo para precisar que el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, a su domicilio bajo la medida de prisión domiciliaria, no representa una modificación en la situación jurídica de su proceso penal. La autoridad ministerial enfatizó que esta determinación responde exclusivamente a una estrategia de cumplimiento de medidas cautelares establecida por el Poder Judicial y no constituye una exoneración ni una resolución definitiva respecto a las acusaciones que enfrenta.

Desde el inicio de las investigaciones, la dependencia ha mantenido que las diligencias continúan su curso conforme a los plazos legales establecidos. Según fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, el cambio de modalidad en la reclusión obedece a criterios de salud y condiciones procesales particulares, sin que esto altere la naturaleza del expediente que se ventila ante los tribunales federales correspondientes.

El Ministerio Público Federal reiteró que las pruebas aportadas durante la etapa de instrucción siguen siendo consideradas por el juez de la causa para determinar la responsabilidad penal del imputado. Esta aclaración busca disipar dudas sobre una posible conclusión anticipada del caso, subrayando que la medida de prisión domiciliaria es una variante del confinamiento preventivo y no una sentencia absolutoria ni un beneficio que extinga la acción penal.

Por su parte, el equipo de defensa legal ha señalado que continuará con la presentación de argumentos durante las próximas audiencias programadas. De acuerdo con los representantes del exmandatario, la medida es un paso necesario dentro del marco del debido proceso y confían en que las etapas subsecuentes permitirán desahogar los elementos de descargo que han preparado para acreditar su postura ante la justicia.

La FGR concluyó que, independientemente del lugar donde el imputado cumpla con la medida cautelar impuesta, la institución seguirá vigilando el cumplimiento de las restricciones dictadas por el juzgador para evitar riesgos de fuga o interferencia en la investigación. El proceso se mantiene vigente y las autoridades judiciales han garantizado que se respetarán los derechos humanos y las garantías constitucionales de todas las partes involucradas hasta alcanzar una resolución definitiva.