SEGOB propone aumento presupuestal para defensa jurídica y atención migratoria en 2027

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha integrado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 una propuesta de incremento presupuestal destinada a fortalecer la defensa jurídica, la gestión de asuntos migratorios y la tramitación de testamentos a nivel nacional. La dependencia federal ha solicitado una partida específica de 119.8 millones de pesos para atender estas áreas estratégicas durante el próximo ejercicio fiscal, buscando mejorar la operatividad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara de Diputados, este ajuste financiero responde a la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta institucional ante el aumento en la demanda de servicios legales y administrativos. El equipo de la dependencia detalló que los recursos adicionales permitirán optimizar las jornadas de regularización y asesoría, así como agilizar los procesos relacionados con el derecho civil y la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito por territorio mexicano.

El área migratoria destaca como uno de los pilares de este incremento, ante la complejidad de los flujos poblacionales que atraviesan diversas entidades federativas. El presupuesto propuesto busca consolidar los mecanismos de gestión gubernamental, garantizando que los procesos de atención a migrantes cuenten con un respaldo jurídico más robusto que permita una estancia y tránsito ordenado y seguro, conforme a los protocolos establecidos por la ley vigente.

Asimismo, el rubro de servicios notariales y de testamentos se perfila como un eje fundamental para brindar certeza jurídica a las familias mexicanas. La SEGOB prevé que, de aprobarse esta partida, se fortalecerá la colaboración con los estados y municipios para acercar estos servicios a las zonas con mayor vulnerabilidad social, facilitando trámites que históricamente han representado un gasto elevado para los sectores de menores ingresos.

Finalmente, será el Congreso de la Unión el encargado de analizar, discutir y, en su caso, aprobar esta propuesta presupuestal en las próximas semanas. Los legisladores deberán determinar la viabilidad de estos 119.8 millones de pesos, considerando los objetivos de austeridad y eficiencia administrativa que el Gobierno Federal ha planteado para el cierre del ciclo fiscal del próximo año.